El vino, una buena excusa para beber en negocios diferentes

30.07.2012 M.Mateos Conocer a fondo el sector vinícola e innovar son algunas de las apuestas eficaces de aquellos emprendedores que quieren asegurar el éxito de un negocio que sube como la espuma.

Los buenos negocios y los momentos inolvidables se suelen celebrar alrededor de un buen vino, y eso lo saben muy bien algunos emprendedores que, animados por el atractivo de un producto en alza, se han atrevido a innovar. La economía y la cultura española están profundamente marcadas por el fruto de la vid, tanto que este año España ha superado por primera vez a Italia en producción vinícola y se ha colocado en segunda posición mundial (por detrás de Francia), según los informes del Instituto de Servicios para el Mercado Agrícola de Italia y el Ministerio de Medio Ambiente español. Ahora el negocio se reinventa para ofrecer mucho más que vinos (por excelentes que sean) y así captar nuevos perfiles de consumidores. El gerente de Bodegas Benifadet, Luis Anglés, ha conjugado su formación como ingeniero químico y MBA para desarrollar una variada cartera de productos: mermeladas, quesos, gominolas, productos de belleza, helados de vino y, como no, vino. El telón de fondo de esta oferta es el paisaje menorquín. "El clima y el terroir idóneos, unidos al millón de visitantes que recibe la isla todos los años nos llevó a intuir que había una buena oportunidad en el mercado". Con esa visión global del negocio, Benifadet ha reorganizado sus instalaciones para ampliar su cartera de servicios. Uno de sus puntos fuertes es su espléndida terraza, que durante los meses de verano es un lugar perfecto para relajarse y escapar del calor. Otros emprendedores han huido a la red para apostar por un negocio que conjugue el producto de calidad y las nuevas tecnologías. Es el caso de Bodeboca, un club de venta privada online de grandes vinos. La exclusividad es su gancho, una exquisitez que también han logrado los artífices de Trasiego, un concepto de restauración diferente que combina el encanto del vino de Somontano con tapas realizadas con mucho gusto. El trasiego de Barbastro Una inversión de 48.000 euros hizo realidad el sueño de Natalia Gracia y Javier Matinero: tener su propio bar de tapas. Estos dos jóvenes apasionados de la buena mesa son los artífices de Trasiego, una apuesta por la gastronomía en formato tapa y los vinos de denominación de origen Somontano en el centro de Barbastro (Huesca). Como la innovación es lo que manda, para captar a todos los públicos han creado tres ambientes diferenciados en su establecimiento: bar, restaurante y sala de catas o salón privado. Gracia explica que encontrar el local adecuado en el momento justo fue crucial. Han pasado seis meses desde que abrieron las puertas de Trasiego y esta emprendedora reconoce que le cuesta recordar las dificultades de la puesta en marcha: "Tal vez lo más duro hayan sido los trámites burocráticos, acabar de definir el plan de negocio, fijar los precios en un momento tan delicado y, por supuesto, vencer el miedo y el pesimismo de este periodo de incertidumbre en el que parece que nada puede funcionar". A Gracia le sobra entusiasmo y presume con orgullo de su carta, que aglutina 60 referencias de vino D.O. Somontano y cerca de 20 opciones de caldos, cavas y champagne de otros territorios. De la bodega a la boca Grégory Bulckaert y Nathanaël Berberssou tienen claro que no hay mejor sitio para comprar vino que en las propias bodegas: "Sólo allí puedes entender el producto, viendo de primera mano las viñas, las instalaciones y charlando con el enólogo. Esa es la experiencia que hemos querido reproducir en 'Bodeboca'. A los socios de nuestro club, en cada venta privada, les invitamos a viajar virtualmente a la bodega, le explicamos su historia, mostramos los viñedos y argumentamos por qué nuestra selección es especial". El objetivo de estos emprendedores, que han invertido un millón de euros en el desarrollo de esta empresa, es llevar una selección de lo más selecto de diferentes partes del mundo con un ahorro de hasta el 30%, gracias a su modelo de negocio basado en la compra en grupo. Reconocen que lo más complicado es crear el ecosistema que permite convertir una buena idea en realidad: "Construir un buen equipo de profesionales que se adhieran con ilusión y ganas al proyecto". El objetivo inmediato de estos jóvenes es convertir su empresa en el referente de venta online en España y, a medio plazo, expandirse a nuevos mercados. Objetivo: D.O. Menorca Carlos Anglés plantó las primeras viñas en su finca de Menorca hace tres décadas y con ellas el germen de Bodegas Benifadet, que comenzaron su andadura en 2004. Su hijo y gerente de la empresa, Luis Anglés, recuerda los apuros de los primeros años: "Cuando estábamos creando un nuevo concepto, el vino de Menorca, se nos hizo muy difícil encontrar apoyo financiero. Los bancos no confiaban en el proyecto. Y eso que Menorca siempre ha sido tierra de vinos, desde los tiempos de fenicios y romanos". En una actividad con tanta oferta como la vinícola, la baza de Benifadet está en ofrecer vinos muy mediterráneos, que gusten a un público muy amplio, enológicamente bien elaborados y estructurados, pero frescos, amables y fáciles de beber. "Este mercado es muy competitivo, pero siempre hay cabida para novedades que aporten algo diferente y éxotico, y la marca Menorca ayuda a abrir muchas puertas", asegura Luis Anglés. Bodegas Benifadet ha invertido dos millones de euros desde que inició la comercialización de sus productos, y ya se han introducido en mercados tan dispares como Bélgica o Puerto Rico, y hasta ha llegado a las mesas de 'El Bulli'. http://www.expansion.com/2012/07/30/empleo/emprendedores/1343650537.html

Parados La Serie 1x01: Pizza en la piña

Se aplaza la Ley de Emprendedores y la Administración creará un paquete de medidas que impulsará el emprendimiento

Consciente de la importancia de autónomos y microempresas en nuestro país que suponen cerca del 90 por ciento del tejido empresarial, el Gobierno tiene casi decidido aplazar la anunciada Ley de Emprendedores y sustituirla por un paquete de medidas de apoyo a los autónomos y pymes a iniciativa de los distintos departamentos ministeriales, pero sin articularse en un texto legal único. Esta es la conclusión que se desprende del debate sobre las Medidas para el Emprendimiento, que se celebró ayer en Madrid, organizado por Mapfre y Gestión Press, con participación del director general del Trabajo Autónomo, Miguel Ángel García Martín, los presidentes de ATA, Lorenzo Amor, y CEAT, Pedro Barato, y el secretario general de UPTA, Sebastián Reyna siendo moderado por el periodista de EL Economista, José Maria Triper. “Nos hemos empeñado en denominar las cosas con la palabra ley, pero lo que es fundamental es que el trabajo autónomo esté en cada una de las actuaciones que el Gobierno ponga sobre la mesa”, afirmó el director general de Trabajo Autónomo, quien explicó que “lo que hay es una hoja de ruta marcada con el objetivo final de que los autónomos y pymes puedan mantenerse en su actividad y puedan también abordar nuevas iniciativas de emprendimiento”. También dio cifras de la destruccion de empleo en esta crisis; se han perdido tres millones de puestos de trabajo y 14 de cada cien empresas han desaparecido desde el 2007 en nuestro país y 340.000 autónomos dejaron de serlo. Frente a este clima, el movimiento autónomo parece que resurge, con datos en los últimos cinco meses que señalan su expansión. “Hay 25.000 autónomos más en el RETA, comento García Martín. También anunció también que el Ministerio de Empleo está trabajando en un proyecto para potenciar la financiación de los autónomos y microempresas a través de las Sociedades de Garantía Recíproca. En la misma línea, el secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, Sebastián Reyna, admitió que, posiblemente, “las condiciones socioeconómicas y presupuestarias no permiten hacer ahora una Ley de Emprendedores”, pero sí resaltó que ello no es óbice para desde la Administración se realice una verdadera política que apoye a los autónomos y las pequeñas empresas”. También recordó que hay iniciativas autonómicas que deberán coordinarse con la futura ley estatal, caso que al final se ponga en marcha. Reyna demandó también una revisión de la cotizaciones a la Seguridad Social y la aprobación de un Plan de Fomento y Promoción del Emprendimiento y del Empleo autónomo con medidas como “un sistema razonable de tributación por módulos y la equiparación de las deducciones fiscales de los autónomos que tributan por el sistema de estimación objetiva en el IRPF con las que tienen las empresas en el IRPF”. Y apuntó que el 1 de enero del 2013 entra en vigor una modificación importante de la Ley del Trabajo Autónomo que permitirá al profesional cotizar en función del tiempo de actividad que dedique, novedad importante. También el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, reconocía que en estos momentos “el entorno no es favorable” para el desarrollo de una Ley de Emprendedores, pero insistió en que “los problemas del presente no deben eclipsar las soluciones del futuro”. E indicó que 3 de 4 empresas en España tienen menos de tres trabajadores. “Es fundamental que exista un cambio cultural y educativo en nuestro país sobre la figura del autónomo y su segunda oportunidad, si fracasa la primera”,indicó. En este punto pidió al Ejecutivo que actúe para “crear un entorno favorable al emprendimiento con iniciativas como la supresión de trabas para la creación de empresas, unificar la maraña normativa de las comunidades autónomas, extender la “licencia exprés” para el comercio al resto de las actividades productivas, fomentar la segunda oportunidad para no penalizar e incentivar a los emprendedores que fracasan en el primer intento y, sobre todo, reactivar el crédito para los emprendedores. “La media de necesidad de crédito de los autónomos en este país es de sólo 12.000 euros”, señaló Amor. Y añadió que “Asfixiar fiscalmente a los autónomos es estrangular este país Por su parte el presidente de CEAT, la organización de autónomos de CEOE, Pedro Barato se refirió también a la dispersión legislativa de las comunidades autónomas como una de las trabas que más perjudica la actividad de los emprendedores, por lo que pidió que se restablezca, con urgencia, la unidad de mercado. “Queremos que la Ley de Emprendedores salga y que salga cuanto antes”, dijo Barato, para quien las medidas de apoyo a los autónomos y pymes deben incluir como prioridades el cambio en el sistema del IVA para que el impuesto se pague cuando se cobren efectivamente las facturas y no cuando se emiten y un programa de ayudas a los jóvenes para la creación de empresas. Otro de los asuntos que señaló es poder organizar mejor la facturación de los autónomos por tramos, “No es justo que todo el mundo cotice lo mismo, esa cuestión debería organizarse por ingresos. “También al igual que el resto de los representantes de organizaciones empresariales se mostró partidario a que existe un límite de bienes embargables, como los hay con las personas, para evitar que puedan seguir impulsando su actividad empresarial. Y finalizó con esta frase “Que se ponga en marcha la Ley de Emprendedores si es útil, si no lo es, mejor no aprobarla”. Se aplaza la Ley de Emprendedores y la Administración creará un paquete de medidas que impulsará el emprendimiento

El Constitucional admite a trámite el recurso del PSOE contra la amnistía fiscal

l Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Socialista contra la regularización fiscal promovida por el Gobierno para aflorar rentas ocultas, la conocida como amnistía fiscal. Esta controvertida medida, que ha suscitado el rechazo de los inspectores de Hacienda, tampoco cuenta con el apoyo de organismos internacionales como el FMI, mientras la Comisión Europea ha advertido de que no es la mejor manera de mejorar la recaudación. En concreto, el recurso se refiere a la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, que recoge la posibilidad de declarar dinero oculto sin sanciones, intereses o recargos con la única tributación del 10%, aunque en algunos casos puede ser incluso menos. El Ejecutivo prevé aflorar unos 25.000 millones que está ocultos al Fisco o evadidos en paraísos fiscales. Por tanto, el Gobierno estima que logrará recaudar unos 2.500 millones con la medida, aunque la regularización no avanza al ritmo esperado a tenor de las facilidades que está incorporando a favor de los defraudarores para animarlos a lavar su dinero. El tribunal dará traslado de la demanda y los documentos presentados al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus presidentes, y al Gobierno, a través del Ministro de Justicia. El Tesoro sugiere a los bancos que hagan la vista gorda con la amnistía fiscal Los evasores podrán acogerse a la amnistía fiscal pagando menos del 10% El PSOE anunció a finales de junio su intención de presentar ante el Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra la regularización fiscal aprobada por el Gobierno y, al mismo tiempo, de solicitar en la Audiencia Nacional la paralización de la orden ministerial que amplió la regularización al dinero en efectivo. En su recurso, el PSOE argumentaba que la regularización vulnera por partida doble la Constitución, es "especialmente injusta" en sus consecuencias y "manifiestamente contraria a los principios de igualdad, proporcionalidad y progresividad". Además, el escrito, basado en un informe previo del ex ministro de Justicia socialista Francisco Caamaño, considera que coloca a un colectivo de "contribuyentes-defraudadores" en una situación de "absoluto privilegio fiscal. Antes de este cambio, una persona que quisiera regularizar una renta de un millón de euros obtenida en 2008 y ocultada a la Administración Tributaria, debería pagar 565.315 euros (430.000 euros en concepto de cuota, 86.000 por recargo y 49.315 en concepto de intereses de demora devengados), mientras que con la nueva normativa sólo serán 100.000 euros, según el PSOE. El Gobierno socialista de Felipe González puso en marcha en 1991 una regularización fiscal para reducir el déficit con Carlos Solchaga como ministro de Economía. Los defraudadores pudieron lavar su dinero a través de declaraciones complementarias sin tener que pagar intereses de demora. Fuente: EL PAÍS.

Producción #agricola y seguridad alimentaria

Luis Trillo – Ingeniero de SICA AgriQ. Entendiendo producto agrícola como un alimento y debido a los últimos avances en producción junto a la creciente exigencia del consumidor final, el objetivo está claro: producir alimentos seguros e inocuos. En los tiempos que corren cualquier “despiste” o práctica inadecuada sobre el cultivo se paga demasiado “cara”, incluso hay veces que de forma inmediata se ve reflejada en los medios de comunicación con relativa facilidad y en algunos de los casos con cierto grado de desconocimiento en la materia. Esto ha provocado en el consumidor final cierto miedo o recelo al consumo, al igual que en los propios distribuidores. Así pues en la actualidad ya no sólo “comemos por los ojos”, ahora también exigimos un control que garantice la inocuidad del producto.

Hoy en día esperamos una agricultura que garantice alimentos seguros, y al mismo tiempo respetuosos con el medio ambiente. De este modo se ha evolucionado de forma “obligada” debido a las exigencias de los mercados. No hay que olvidar la finalidad de la producción agrícola desde el punto de vista del agricultor: se busca un incremento en los rendimientos con el consiguiente aumento de ingresos, al fin y al cabo es un “negocio”. Por otra parte hay que entender que una explotación no es una “fábrica de tornillos” y que a menudo se presentan problemas externos al cultivo que pueden mermar la producción y variar la “rentabilidad”. Con esto no pretendo justificar las prácticas inadecuadas. Estos problemas han sido corregidos con el uso de productos químicos, conocidos como plaguicidas o fitosanitarios. El inconveniente del abuso en el uso de fitosanitarios y pesticidas se ve reflejado en la destrucción de organismos “beneficiosos” o predadores naturales de las posibles plagas, conjuntamente con el aumento de resistencia a estos productos y contaminación del medio ambiente. Los plaguicidas cumplen un papel muy importante en el control de pérdidas motivadas por plagas, sin embargo para cumplir con las exigencias del los mercados sólo pueden utilizarse únicamente cuando su uso esté justificado, seleccionando aquellos productos más selectivos, de baja toxicidad y máxima seguridad. Se debe prevenir la presencia de residuos o disminuir sus niveles, mediante el uso en base a recomendaciones técnicas, aumentando los plazos de seguridad en la medida de lo posible y minimizando los tratamientos muy cercanos a la fecha de recolección. De los diferentes peligros químicos asociados a la producción, los plaguicidas y específicamente los residuos que se derivan de su aplicación, son un grupo de control y condicionan la puesta en mercado de los productos. Recordando el concepto de residuo, el Codex Alimentarius ha definido residuo de plaguicida como cualquier sustancia o sustancias presentes en un producto alimenticio de consumo humano o animal, resultante de la utilización de un plaguicida, incluyendo también cualquier derivado específico, producto de degradación o conversión considerado toxicológicamente importante. Los niveles de residuos que vamos a encontrar dependen directamente del uso adecuado de los plaguicidas: dosis, frecuencias de aplicación, plazos de seguridad, naturaleza química, degradación, tipo de cultivo y factores climáticos entre otros. Dentro del afán de sobreprotección del consumidor, los países destino han establecido sus propias normas, regulaciones, restricciones y limitaciones para el uso de plaguicidas. Han llegado a establecer sus propios Límites Máximos de Residuos, en la mayoría de casos muy por debajo del LMR europeo. De esta forma los exportadores y los productores se enfrentan a otra exigencia: los clientes en Europa les envían listados de plaguicidas “restringidos” que en muchos casos exceden las regulaciones de los mercados de destino. El Límite Máximo de Residuo o tolerancia, es la cantidad máxima de residuo de un determinado plaguicida sobre un determinado producto, permitida por la ley. Es un concepto legal, que no es indicativo en algunos casos de la toxicidad de un plaguicida. Para el cálculo de LMR´s se tienen en cuenta junto con los aspectos toxicológicos, los niveles de residuos resultantes de la práctica agrícola aprobada así como datos de consumo del alimento y la evaluación del nivel adecuado de protección al consumidor. Otro tipo de exigencia impuesta son protocolos privados de BPA (Buenas Prácticas Agrícolas). Tienen carácter preventivo y reúnen todas las condiciones para garantizar la inocuidad, respeto y protección del medio ambiente, junto a la seguridad y salud del trabajador. Un ejemplo de estas prácticas son las englobadas en GLOBAL G.A.P. Hoy en día su certificación es exigida por los compradores europeos. Así pues en la actualidad se puede afirmar que debido al uso razonable de pesticidas junto a los excelentes y exigentes controles realizados sobre el producto podemos tener la certeza de consumir productos seguros. Fuente: http://www.laboratoriosanalisisplaguicidas.com/

España, el tercer país de Europa en investigación en robótica.

Solo nos superan Alemania y Francia y nuestras investigaciones se sitúan al mismo nivel que Gran Bretaña o Italia. A nivel mundial, Estados Unidos y Japón marcan la pauta en la investigación en este campo. Los robots aéreos y las aplicaciones de la telerrobótica han sido algunos de los asuntos abordados hoy en el curso de verano sobre el presente de la robótica en nuestro país.

Antonio Barrientos, profesor del grupo de Robótica y Cibernética de la Universidad Politécnica de Madrid ha explicado hoy a los alumnos que participan en este curso de verano las diferentes categorías de los robots aéreos y su clasificación según el tipo de aeronave. Barrientos, uno de los principales investigadores en nuestro país en este campo, ha mostrado ejemplos de desarrollos españoles, como el de una empresa de Guipúzcoa que ha creado un avión autónomo que se está utilizando en la actualidad para localizar en alta mar bancos de atunes. Los robots aéreos pueden tener mucha utilidad en áreas como la protección civil o la seguridad ciudadana y también con todo lo que tenga que ver con las imágenes aéreas. Sin embargo, todavía no existe legislación al respecto que autorice el uso de estos robots, que en realidad se denominan “vehículos aéreos autónomos”. Aunque en el sector militar se llevan utilizando desde hace décadas, su aplicación en el sector civil es más limitada precisamente por la falta de una legislación al respecto, ya que al no estar autorizados, las empresas no pueden usar este tipo de robots y no invierten en su desarrollo. Barrientos también ha hablado esta mañana de las investigaciones que se están haciendo para aumentar, por ejemplo, la autonomía de vuelo de los robots aéreos o la instrumentación de estos aparatos y ha mostrado a los alumnos algunos ejemplos de vehículos aéreos autónomos que se están usando en agricultura para detectar a través de imágenes aéreas falta de nutrientes o de riego. Tanto Barrientos como Manuel Ferre, el investigador que ha expuesto en este curso las aplicaciones de la telerrobótica, forman parte del plantel de expertos (alrededor de un centenar) que ha situado a nuestro país en tercer lugar en Europa en investigación en robótica, solo después de Alemania y Francia y al mismo nivel de otros países como Gran Bretaña o Italia. Sin embargo, y aunque en número de publicaciones, tesis doctorales, artículos, congresos o proyectos de investigación, la posición de nuestro país es buena a nivel internacional, sigue faltando, como así apuntaban hoy estos investigadores, la transferencia del conocimiento a la industria. Esa sigue siendo la asignatura pendiente, “transformar la investigación en productos industriales”, como reconocía Manuel Ferre. Este profesor del grupo de Robótica y Máquinas Inteligentes de la Universidad Politécnica de Madrid ha hablado de las aplicaciones de la telerrobótica, tradicionalmente vinculada con el sector espacial y el submarino y para el tratamiento a distancia de materiales tóxicos. En la actualidad, la telerrobótica ha incorporado nuevas aplicaciones como la telecirugía o el mantenimiento a distancia de instalaciones y también otras más desconocidas como la ayuda a personas a distancia, la toma de muestras de datos de diferentes áreas, la ayuda a la exploración en zona de catástrofes y aplicaciones para operaciones de rescate o de búsqueda. "La telerrobótica se aplica cuando hace falta que una persona tome decisiones en la actuación de un robot. Cuando los computadores y los algoritmos que tenemos no son suficientes para que el robot haga las funciones adecuadas, una persona es la que entra dentro del bucle de control y toma esas decisiones”, explicaba Ferre esta mañana. En cirugía, la telerrobótica se aplica constantemente: es difícil que un robot haga una operación de forma automática y siempre es el cirujano el que tiene el control y quien guía a la máquina. Escrito Por Redacción Alborán Digital http://www.alborandigital.es

123.000 millones al año para pagar a tres millones de funcionarios.

En España hay más de tres millones de empleados públicos, contando todas las administraciones e incluyendo a los políticos y asesores. Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa, correspondientes al primer trimestre de 2012, el dato exacto de funcionarios es de 3.104.100, lo que supone el 17,8% de todas las personas con trabajo. La carga económica que supone para el Estado este volumen de empleados públicos es enorme, a pesar de las reducciones de contrataciones que se han realizado desde que comenzó la crisis. En 2011, el conjunto de las administraciones necesitó 122.926 millones de euros para pagar las remuneraciones de los funcionarios, lo que obligó a dedicar buena parte de los ingresos que se obtienen a través de la recaudación de impuestos a sostener todo el aparato administrativo. Sirva como ejemplo que la suma de todo lo que recaudó el Estado en 2011 con el IRPF (69.803 millones) y todo lo que ingresó con el IVA (49.302 millones) no llegó para pagar las remuneraciones de los empleados públicos. Eso a pesar de la reducción de los sueldos de los funcionarios del 5% de media que se decretó en 2010 y su posterior congelación en 2011 y 2012. Estas medidas consiguieron reducir la masa salarial en 2.784 millones, en un ahorro que fue fundamentalmente asumido por las comunidades autónomas y los ayuntamientos, ya que en la Administración central apenas se ha notado. Por comunidades autónomas, la que más funcionarios tiene es Andalucía, con más de medio millón, seguida por Madrid (sede de la mayor parte de la Administración central, con más de 400.000), Cataluña (más de 300.000) y la Comunidad Valenciana (unos 250.000). Fuente: El Mundo